Los ERE a punto de prisión

Jose Antonio Griñán, ex-ministro de Trabajo, ex-presidente de la Junta de Andalucía y ex-presidente del Partido Socialista Obrero Español ha escrito un libro: Cuando ya nada se espera, que más que unas memorias al uso, es un descargo de conciencia, una acusación generalizada contra los que, según él, le han han llevado a considerarse un “cadáver político que nadie quiere sacar del armario”. Coincide la salida a las librerías de este manual de “Cómo comportarse ante una persecución política” con un acontecimiento de primera importancia para él, para su colega y compañero de fatigas, el también “ex-todo” Manuel Chaves, con la convocatoria en los próximos días 4 y 5 de mayo del estudio de los recursos presentados por los citados ante el Tribunal Supremo. Ambos fueron condenados en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla: el primero, a seis años de prisión y 15 de inhabilitación para ostentar cargos públicos, y Chaves “sólo” a nueve años de inhabilitación. El caso se alargó en el tiempo por la parsimonia de los jueces instructores, sobre todo de Mercedes Alaya, y por el boicot permanente que utilizó la Junta socialista de Andalucía para ocultar el caso.

Fíjense por ejemplo en que la ahora ministra de Hacienda y entonces consejera de lo mismo en la Región, María Jesús Montero, ni siquiera cumplió con la obligación legal de reclamar la cantidad defraudada en el proceso judicial. Curiosa forma de practicar la transparencia por esta sectaria ministra que cada vez que habla en las Cortes ofrece una clase de claridad y de buena gobernación. El caso se constituyó en el mayor asunto de corrupción política en España. Muy por encima incluso de la Filesa del PSOE o de la Gürtel del PP. Desde el principio fue conocido por el “Caso ERES”. Nada menos que 680 millones de euros sisados al erario por parte de no menos de media Junta de Andalucía. Hubo de todo: desde gente que se compraba propiedades hasta sinvergüenzas que con ese dinero se forraban a colipoterras y se metían por las fosas nasales gramos y gramos de la más pura cocaína. Ellos no reparaban en gastos y usaban los servicios de sus chóferes para este tipo de menesteres: contratar rabizas y procurarse polvo blanco de la mejor calidad. La sentencia de la Audiencia de Sevilla que en unas fechas será revisada en el Supremo, no dejaba, ni deja, títeres con cabeza: los dos encausados mencionados, otra ex-ministra de Zapatero, la sublime folclórica Magdalena Álvarez, el conseguidor de vidas y haciendas, Gaspar Zarrías y una veintena de rapaces timadores (presuntos todavía) que “diseñaron, instauraron y ejecutaron un plan para desviar dinero público de los ERES a familiares, amigos y militantes del partido”. Literal: total una bicoca incontrolada que los dos gobiernos socialistas en España, el del increíble Zapatero y el actual, del perverso Sánchez, han ocultado durante años desviando la atención con la paja en el ojo ajeno; sin ir más lejos las mascarillas del hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El desfalco -repetimos, 680 millones de euros robados de nuestros bolsillos- se repitió sin solución de continuidad durante dos decenas de años. Curiosamente, y por esas cosas incomprensibles que suceden en los tribunales de Justicia, tuvo menor pena el personaje que sin ningún decoro manejó y urdió el gran apaño, Manuel Chaves, que su correligionario y compañero de fatigas, ahora metido a literato, José Antonio Griñán. El primero pudo ser el jefe activo de la trama y el segundo lo más que ha reconocido -que lo ha reconocido públicamente- se limitó a hacer la vista gorda. El asegura que, en efecto, tuvo responsabilidad política pero que de lo más que se le puede acusar es de “inacción”. Como si esta actitud cómplice le pudiera salvar de un castigo ejemplar.
La pregunta en esta situación es la siguiente: ¿Qué hará a principios de mayo el Supremo con ellos y con la ralea de acompañantes que se lo pasó chupi timando a los trabajadores de los ERES y al personal de todo el país? Pues, según fuentes jurídicas muy reputadas, y también muy precisas: “Es difícil que no confirme las sentencias de la Audiencia de Sevilla”. Literal.

Sánchez, si se confirma esta impresión, se puede encontrar con la resurrección de un escándalo que los Gobiernos del PSOE y sus medios afectos (¡cuánta complicidad por silencio o por negación ha habido en la Prensa, Radio y Televisión de la progresía!) han tapado o disimulado durante quinquenios, una operación de ocultamiento de la que tampoco el Tribunal Supremo se puede olvidar porque tiene visos de concomitancia con los delincuentes (aún presuntos, claro) que protagonizaron aquella estafa masiva por la que Griñán está condenado en la instancia sevillana por “malversación y prevaricación continuadas”. Nada menos. Griñán, que ahora recorre quejoso las televisiones de cabecera socialista por el mal trato recibido, no tiene razón. El mismo se ha disculpado por cometer lo que le parece un “pecado menor” o sea, ignorar los repetidos informes de la Intervención de la Consejería de Economía y Hacienda que, en los años 2005, 2006 y 2007, denunciaron sin ambages el trapicheo infame que se estaba produciendo en la Junta socialista de Andalucía. En el colmo del desahogo el propio Griñán ha explicado que su conducta no tuvo otro objetivo que “garantizar la paz social”. Parece un escarnio: él se presenta como un reactualizado benefactor que dejaba robar para que el sindicato amigo, la UGT, también inserto en otra causa similar, no le planteara problemas en la calle. Sin precedentes. Ahora él, su conmilitón Chaves, y toda la pandilla de golferas con carné de puño y rosa se enfrentan a una sentencia del Supremo que al decir de los juristas “no puede decir otra cosa que no sea la confirmación de las penas”. ¡Qué no estarán haciendo Conde-Pumpido, la ministra de Justicia, Sánchez, y demás cuadrilla para impedir que el Supremo se lleve por delante a los corruptos más importantes de la historia de nuestra democracia!. Como suena.